Casi 40 años de la primera Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios en España
Aunque debemos reconocer y aplaudir que la Constitución Española incluyera la protección de los consumidores y usuarios como principio rector de la política social y económica, el fomento de las asociaciones de consumidores y el reconocimiento de una serie de derechos básicos, fue la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley 26/1984 de 19 de julio) la que nos dotó de un instrumento legal de protección y defensa.
Una ley que se fue modificando, al igual que ha sucedido con la normativa y estatutos de protección al consumidor autonómicos, a medida que el mundo del consumo iba experimentando cambios. Derogada en 2007 para dar paso a una nueva regulación, hoy en día disponemos de una ley de defensa de los consumidores que refunde en un solo texto normativo, tanto aquella ley originaria de los años ochenta como todas las normas que se han ido publicando con ocasión de la transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios.
En todos estos años hemos venido conmemorando el 15 de marzo como un día idóneo para reflexionar sobre qué papel queremos desempeñar como consumidores: si solo nos conformamos con ser meros receptores de bienes y servicios o si, por el contrario, optamos por ser proactivos, exigiendo mejores y mayores estándares de calidad y de seguridad, denunciando abusos, reclamando nuestros derechos y caminando hacia modelos de consumo críticos, responsables y sostenibles.
Este 15 de marzo de 2023 nos encontramos inmersos en un escenario inflacionista, donde la energía, los combustibles, la alimentación o el precio de las hipotecas no paran de darnos sustos y de vaciarnos los bolsillos. Y como el Día Mundial de las personas consumidoras también ha de servir para reivindicar mejoras, para denunciar situaciones que nos colocan en la más absoluta vulnerabilidad, levantemos la voz para exigir:
Protección contra los riesgos que pueden afectar a nuestra salud o seguridad, dada la existencia de potenciales riesgos por falta de controles mucho más intensos sobre artículos y bienes importados de terceros países que disponen de legislaciones mucho más laxas que la europea. Tenemos las normas más rigurosas del mundo en materia de seguridad alimentaria, pero también un control deficitario de todo lo que viene de fuera de la UE.
Protección de nuestros legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a prácticas comerciales desleales y a la presencia de cláusulas abusivas en los contratos. Basta recordar, para justificar esta exigencia, los abusos del sistema financiero -causantes de cientos de miles de demandas judiciales que han contribuido a colapsar nuestros tribunales- o la permisividad con la creciente competencia desleal y el abuso de los oligopolios.
Ser indemnizados por los daños y perjuicios sufridos por el uso o consumo de bienes o servicios de consumo. Aunque las normas nos amparen, el camino que hay que recorrer para exigir justicia nunca es fácil. Los procedimientos judiciales son largos y costosos, circunstancias que terminan disuadiendo a muchos consumidores de exigir, cuando el resto de las vías se han agotado, sus derechos ante los tribunales. Deben fortalecerse los sistemas de resolución de conflictos y también la mediación. Aprovechemos esta conmemoración para exigir que se apruebe de una vez una ley de servicios de atención al cliente que establezca criterios de calidad y exigencia en la protección del consumidor.
Mejorar la información sobre los bienes y servicios de consumo cotidiano. Una información objetiva y suficiente ayuda a que, en el acto de la compra o en la contratación de un servicio, ambas partes, consumidor y operador económico, estén en una posición de equilibrio mucho más justa. Necesitamos también que se pongan en marcha sistemas de etiquetado más efectivos y que, en paralelo, se incremente el control sobre la veracidad de sus contenidos.
La educación y formación en materia de consumo debe llegar a la escuela. Esta sigue siendo una gran asignatura pendiente en nuestro sistema educativo: la formación en consumo de quienes serán los consumidores del mañana no puede diferirse más. Cierto es que se ya se trabaja en algunos centros educativos en temáticas como, por ejemplo, el consumo responsable, el etiquetado, la alimentación saludable, la economía circular y doméstica, pero no basta. Reivindiquemos el gran papel que pueden jugar las asociaciones de consumidores en este tipo de iniciativas.
Fomentar el derecho de representación, participación y audiencia de las personas consumidoras a través de sus asociaciones para que puedan incidir en el contenido de los textos normativos que directa o indirectamente afecten a sus derechos e intereses. Nuestros gobernantes deben ser conscientes de que consumo es casi todo y, por lo tanto, nuestra actividad representativa y consultiva es mucho mayor que la de cualquier otro colectivo. Es por ello que necesitamos disponer de medios técnicos y humanos que nos aseguren ejercer nuestras funciones con rigor y calidad en beneficio de todas las personas consumidoras.
Disponer de procedimientos eficaces de protección de los derechos de los consumidores para paliar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión, ya sea individual o colectiva. Es necesario que se diseñen y desarrollen políticas de protección de las personas consumidoras que se encuentran en situación de vulnerabilidad, independientemente de que esta se derive de circunstancias económicas, personales, educativas o sociales. Acabar con la brecha digital y acercar los servicios públicos a la ciudadanía que carece de competencias digitales y evitar su aislamiento debería estar en la agenda permanente de nuestros representantes políticos.
Han pasado casi 40 años desde que nos despertamos una mañana siendo consumidoras y consumidores protegidos por una ley que, aunque adolecía de imprecisiones por su rápida tramitación como respuesta a la alarma social generada por el envenenamiento por aceite de colza adúltero -que tanto sufrimiento sigue produciendo en muchas familias-, supuso un antes y un después, pero no un final.
Unamos esfuerzos y voluntades, exijamos los cambios que mejoren nuestra posición como consumidores y, sobre todo, os invito a adoptar una postura activa y crítica. Viviremos en la sociedad que construyamos, entre todas y todos, mucho mejor cuanto mayor sea nuestro compromiso por el bien común. Y cuidemos el planeta potenciando un consumo crítico y sostenible.
¡Feliz Día Mundial de la Persona Consumidora!
Fernando Móner Romero es Diplomado en Ciencias Económicas, lleva más de 25 años al frente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y ha sido presidente de la Confederación estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) hasta el pasado el año, aunque hoy continúa en la Junta Directiva. Es consejero del Consejo Económico y Social de España, del Consejo de Consumidores y Usuarios de España, de RTVE, del Observatorio Comercio 4.0 del Ministerio de Industria. En temas alimentación destaca su participación en el Observatorio de Nutrición y el Estudio de la Obesidad y en la Estrategia de Seguridad Alimentaria. Ha sido miembro del Consejo de Dirección de la Agencia Española Seguridad Alimentaria y Nutrición desde 2014 hasta el pasado mes de septiembre de 2022.
